La legitimidad es el pilar en el que sustenta todo poder político para poder establecer quién manda y quién obedece, cómo se ejerce el poder y a través de las acciones de gobierno cómo se conserva el mismo.
Introducción
El presente ensayo tiene por finalidad exponer qué es la legitimidad, de manera específica la diferencia fáctica entre la legitimidad jurídica y la legitimidad política.
Cuáles son los elementos de la legitimidad, de dónde deviene y en que se sustenta, se analizará la postura de diversos pensadores sobre el concepto de legitimidad.
En el caso concreto de los ciudadanos mexicanos, se identificará cuáles son los factores que importan a la población y cuáles deben de ser las políticas de estado y de gobierno que los gobernantes deben de llevar a cabo, la finalidad del mandato que se les ha conferido y como se les ha conferido, el objeto de dicho mandato, así como cuál es el quiebre entre la legitimidad jurídica y la legitimidad política.
Se analizará la legitimidad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, a través de su elección y acciones de gobierno, analizaremos el alcance y diferencia del poder del primer mandatario, su legitimidad jurídica y su legitimidad política, misma que es un reto de estado, más no de gobierno, así como el cómo alcanzarlo.
Como se encuentra regulado en nuestro marco jurídico la legitimidad de nuestros actores políticos, en específico del primer mandatario, a través del cual se alcanza la legitimidad jurídica, debidamente reglamentada para no ser cuestionada, sin embargo, la legitimidad política es más fáctica, es una cuestión de carácter subjetivo y de apreciación.
Se analizará cómo influyen los medios masivos de difusión en la construcción de la legitimidad política, misma que es capaz de influir en la apreciación que tenemos de los actores políticos.
Una vez contemos con estos elementos podremos discernir sobre si las acciones llevadas a cabo por el gobierno se encuentran encaminadas a políticas de estado o de gobierno que se traducen en el enfoque de la legitimidad jurídica o política perseguidas, cuya final, no es más que la administración, ejercicio y conservación del poder.
La legitimidad política del ejecutivo federal elecciones 2012 y 2018
La legitimidad es un término proveniente de la teoría del derecho, la ciencia política y la filosofía, enfocada a una capacidad coactiva, a un mandato, mismo que gira en torno a la teoría del poder.
Max Webber señala que la legitimidad, hoy de forma corriente, era denominada legalidad (Weber, 2002. p. 30), esta constaba de tres elementos: Dominación, Poder y Relación Social.
La legitimidad del Estado en opinión de Hermann Heller, descansa en que este es una unidad jurídica organizada (Laveaga, 2006. p. 21), por otra parte; Jürgen Habermas señala que la legitimación es la pretensión que acompaña a un orden político de ser reconocido como justo y correcto (Carrillo, 1985. pp. 135-140).
Norberto Bobbio señala que la legitimidad es una atribución del titular del poder contrario a la legalidad que es una atribución del súbdito (Carrillo, 1985. pp. 135-140), en este sentido, es importante destacar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como la calidad de algo o alguien frente a las leyes.
De estos criterios podemos establecer que la legitimidad es una atribución del Estado a través del cual este último ejerce el poder frente a los gobernados, la legitimidad del Estado descansa sobre los pilares de la dominación, no obstante, en el siglo XXI, debe ir más allá del simple sometimiento, debiendo descansar sobre los pilares de la confianza del pueblo que lleva a los titulares del mandato a ejercer el poder de manera responsable, concretando los fines del Estado, en la simbiótica y sistemática relación eterna entre gobernante-gobernado.
Tener legitimidad es ejercer el mandato expreso del pueblo mandante, es decir, la mayoría de los gobernados aceptan voluntariamente la superioridad jerárquica del Estado. En cambio, si la población, como parte del Estado, no cree que su gobernante sea legítimo, este no podrá gobernar sin ser constantemente saboteado por la población, incluso por los propios servidores públicos que conformen la administración a su encargo; en esto radica el problema de legitimidad en que se sumerge el Estado mexicano actual.
La legitimidad contribuye a provocar el consenso, a estimular la obediencia, a cooperar con la energía del poder, a que se cuente con dispositivos favorables para su funcionamiento (Bridat, 1985. p. 40).
La legitimidad del Estado mexicano se encuentra en entredicho desde hace decenios, las decisiones de Estado se recubren de la fuerza institucional de los actores políticos, pero cuando la voluntad del pueblo no se ve reflejada en dichos actores, sus acciones, aunque legales, carecen de la legitimidad que el mismo pueblo les otorga a través del mandato constitucional. Patente de ello, fueron los resultados electorales para la Presidencia de la República en el año 2006, en el que la diferencia entre los punteros fue de tan sólo 0.58% de diferencia entre los mismos (IFE. Computos distritales, 2006).
El orden jurídico del Estado descansa en el mandato constitucional, el artículo 40 de nuestra Carta Magna señala que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”, de igual forma el artículo 80 señala expresamente que: “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un sólo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.”
En otras palabras, el destino de los ciudadanos mexicanos se confía a la persona que designen para ostentar el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien respaldará la Constitución, las leyes que de ella emanen, así como preservará nuestro estilo de vida. Tal es este nuestro mandato, que el artículo 87 de nuestra Ley Suprema lo dicta específicamente señalando que el Titular del Ejecutivo protestara su cargo ante el Congreso de la Unión de la siguiente manera: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.”
Esto nos deja en el terreno de la legalidad, no por ello legítimo, es decir, se encuentra en el escenario de la política, el terreno de las voluntades, donde los intereses individuales se situan por encima de los colectivos.
Para las elecciones de 2012, que llevaron a la Presidencia de la República al presidente Enrique Peña Nieto la historia electoral fue diferente, aventajando a su más cercano contendiente por 6.62% de la votación efectiva nacional (IFE. Elección Presidencial, 2012), no obstante; cuál fue la población real que votó en dicha elección: los resultados dados a conocer por el entonces Instituto Federal Electoral arrojaron 50,363,867 de sufragios emitidos, de un total de poco más de 114 millones de mexicanos, los cuales, el 64% se encontraba en edad de emitir su sufragio (Datos INEGI). Es decir; de un aproximado de 84.5 millones de electores, poco más de 19 millones de personas escogieron a la persona que debía no sólo representarnos como sociedad, sino también guiar nuestro futuro, nuestras políticas de Estado, preservar nuestra forma de gobierno y estilo de vida.
El hecho de que la elección presidencial de 2012 resultase en que la separación entre los punteros hubiese sido mayor a la celebrada seis años atrás, es una cuestión no de orgullo sino de legalidad. El problema de la legitimidad radica en que 38.19% de la elección que llevó a Peña Nieto a la Presidencia de la República es inferior al 61.81% de votos que tuvo en contra; sí la legitimidad de un gobernante descansa en el apoyo popular a la persona que se está designando presidente de los Estados Unidos Mexicanos, qué sucede con los 31,130,724 de electores que no confiaron en ese candidato para regir sus destinos como primer mandatario de la nación. Sin contar los casi 34 millones de electores que no acudieron a las urnas.
El escaso crecimiento económico –tan solo del 1.8%– (CNN México), así como la política de comunicación social de los logros obtenidos por el gobierno carecen de la legitimidad basada en la credibilidad necesaria, el pueblo mexicano ya no se deja sorprender como en otros tiempos, las acciones de gobierno y sus logros no son sucesos que permitan posicionarse mejor en la opinión de la gente, ya que los políticos de hoy día tienen la mala costumbre de pretender seguir siendo candidatos, y es que no tienen que convencernos de nada, más que cumplir con su encargo, los resultados obtenidos por la administración pública no es un capítulo que les deba ser plausible, se les eligió para ello, otorgándoles un mandato constitucional del pueblo para hacer mejor nuestras vidas, preservar nuestro Estado de Derecho, hacer cumplir nuestras normas, y sin embargo; los resultados que arroja la hacienda pública son poco esperanzadoras para el pueblo, el Banco de México emite mensualmente comunicados de prensa indicando que nuestras reservas alcanzaron topes históricos, no obstante, siguen aumentando precios y combustibles; sí esas reservas históricas no se reflejan en el bolsillo de los ciudadanos, el elemento económico, de seguridad y gasto social, siembra en la mente del mexicano la duda y credibilidad en sus gobernantes. A medida que la confianza disminuye, también lo hace la legitimidad con la que ejerce su mandato.
Elías Díaz señala que “la legitimidad es tratar de justificar y dar razón a la fuerza, por la fuerza de la razón, alegando las razones de la razón” (Díaz, 1984. p. 21), referenciando a Weber con relación a los conceptos de dominación tradicional y carismática, en México, estos dos elementos se conjugan, ya que, en el mundo globalizado de las telecomunicaciones, las redes sociales son un indicador para los resultados socio-económicos, apartado trascendente de la agenda del Estado.
La sociedad mexicana se encuentra ávida de que termine el estancamiento financiero en el que está sumergida desde la década de 1970, la bonanza de Estado terminó por corromper a los políticos en los que se depositó la confianza ciudadana a través del voto democrático, pervirtiendo al propio sistema democrático, hoy día los medios masivos de difusión crean o destruyen a los actores políticos que gobiernan nuestras vidas, nos hemos convertido en una sociedad teledirigida donde creemos como cierto lo que los medios informan (Sartori, 2010. p. 83). Así quedó de manifiesto en la jornada electoral del domingo 1 de julio de 2012, en lo que respecta a la Presidencia de la República, fue el final casi perfecto del guion que se escribió, una mezcla de reality show y telenovela, para montar el regreso del PRI al poder, ya no como pretendido “representante” de las masas obreras y campesinas de antes, sino de las dos grandes televisoras que imponen sus condiciones en este país y de sus beneficiarios (Villamil, 2012).
En opinión de Elías Aguilar, el hecho de haber obtenido el triunfo legal, a través de la declaración de validez de la elección presidencial, le dio a Enrique Peña Nieto legitimidad jurídica, pero no necesariamente la legitimidad política, aquella que se requiere para lograr la obediencia civil sin la necesidad de la coacción (Aguilar, 2012). No es la primera vez que los gobernantes del país se encuentran en esta situación: Carlos Salinas de Gortari obtuvo legitimidad procesando y llevando a prisión al líder sindical de Petróleos Mexicanos –Joaquín Hernández Galicia “La Quina”–; por su parte, Felipe Calderón Hinojosa llevó al ejército a las calles. Las opciones de Peña Nieto resultaron más limitadas; debiendo obtener su legitimidad política a través de las acciones de gobierno, lo que pone en la mesa del debate las grandes reformas anunciadas por su administración como son: la energética, la educativa y la de telecomunicaciones. Sin embargo; estas “grandes reformas” ¿se van a ver reflejadas en el bolsillo de los gobernados? Los medios de difusión se esmeran en convencernos de que así es, y como antes se ha señalado, en nuestra sociedad teledirigida creemos lo que los medios difunden, como diría Carlos Monsiváis “la caja idiota” pone en el centro del debate nacional que las reformas son lo que México esperaba, peor aún, necesitaba.
Se debe poner en el centro del debate si los mexicanos trascienden el alcance de las reformas y la profundidad de estas, en el marco de la legalidad contribuirán con el desarrollo del país, pero; harán algo por el gobernado, la “caja idiota” dice que sí, pero en un país en que no se lee, tampoco hay interés de la población por saber que publica el Diario Oficial de la Federación, para conocer si estas reformas beneficiaran al ciudadano común y sus familias. Se han invertido millones de pesos en campañas promoviendo una reforma energética que a nadie satisface ni convence, mientras siguen subiendo el precio de los combustibles, dejando en entredicho la legitimidad política del primer mandatario nacional.
Un sistema autoritario o monárquico no necesita legitimidad para gobernar porque éste gobierna a súbditos, no a ciudadanos. Pero en una democracia, la falta de legitimidad del presidente puede llegar a erosionar su poder al grado de invalidarlo (Faya, 2012). Peña Nieto requería encontrar la legitimidad política de su gobierno, su legitimidad jurídica no es cuestionada, pero en el sentido político debieran convencer las acciones de gobierno a los gobernados, conservando así el poder, dándole viabilidad y continuidad a los programas de desarrollo nacional.
Conclusión
Es necesario entender lo que es la legitimidad para poder abordar la diferencia que existe entre la legitimidad jurídica y la legitimidad política.
La legitimidad descansa en el apoyo popular de los gobernados que llevan al poder a los gobernantes.
Entre los elementos que componen la legitimidad se encuentra la dominación, misma que Max Weber divide en diferentes tipos, como se ha analizado, a este trabajo interesa la dominación tradicional y la carismática.
A los mexicanos les es importante especialmente los aspectos de economía, gasto social, educación y seguridad, estos elementos son lo que debe cubrir todo gobernante, sin embargo, el primer mandatario debe además representarnos, cumplir y hacer cumplir nuestras leyes, de igual forma preservar nuestro estilo de vida, procurarlo y mejorarlo.
La legitimidad del primer mandatario desde luego inicia con el voto popular, ya que nuestra forma de gobierno establecida en nuestra Carta Magna es representativa y democrática.
Sin embargo, todo mandatario debe de legitimarse con el pueblo, ya que también una fisura de nuestro sistema democrático es llevar al poder a aquel que obtenga mayor número de votos, sin importar que la suma de los votos no recibidos sea mayor al número de sufragios a su favor.
En esta fisura encontramos la legitimidad política que todo gobernante debe ganarse, antiguamente con un golpe certero en materia de política interior, el Presidente Enrique Peña Nieto enfrentó la necesidad de legitimarse a través de acciones de gobierno, no mediante la imagen que pudiera haber construido a su alrededor, sino beneficiando efectivamente a los gobernados, para obtener el verdadero apoyo de la población que legitimara políticamente sus acciones de gobierno, viéndose estas acciones reflejadas en los puntos de interés nacional, los cuales convergen con la esfera público-privada de los mandantes nacionales.
Este es el punto más importante de la legitimación política, y el gran reto que enfrenta toda administración pública federal.
Epílogo
Este ensayo fue escrito en el año 2015. Al revisarlo en busca de una idea sobre la legalidad, legitimidad y acciones materializadas en propuestas que conllevan a la gobernabilidad democrática como fines de Estado, alcanzando el bien común, preservando así el Estado de Derecho, me pude percatar que no hemos cambiado.
Nos encontramos en los albores de una nueva administración pudiendo abonar al debate la falta de legitimidad política del titular del Ejecutivo Federal. Cierto es que las elecciones presidenciales de 2018 fueron inusitadas, declarando indiscutible triunfador a Andrés Manuel López Obrador con 53.19% del total efectivo de la votación y una separación de 30.92% de su más cercano opositor (Cómputos Distritales. INE, 2018). De un padrón electoral de 89,332,031 de ciudadanos, el actual presidente obtuvo un total 30,113 483 de sufragios efectivos.
Los números son fríos, la contienda electoral que legitima la presidencia de Andrés Manuel López Obrador convocó a 56,611,027 de 89,332,031 de mexicanos que integraron el padrón electoral de 2018 (INE, Lista nominal y padrón electoral, 2018.), es decir, la estadística electoral indica que el Presidente de México ganó legalmente la contienda, voto por voto, la población que acudió a las urnas mayoritariamente apoyó su propuesta electoral, garantizada por nuestro sistema democrático, político-electoral establecido en nuestro orden constitucional.
Asimismo, se debe considerar dos temas importantes. El primero, la suma de los otros contendientes colectivamente sumó 44.03%, es decir; 24,926,439 de sufragios; más el 2.78% de votos nulos. En segundo término, 36.63% de ciudadanos que no acudieron a las urnas. En resumen 59,218,548 millones de mexicanos registrados en el padrón electoral no votaron por el mandatario federal, representando un 66.29% versus el 33.71% que representa los 30,113,483 de votos recibidos por Andrés Manuel López Obrador.
Así se conforman los resultados que llevan al actual presidente de México al uso y ejercicio del poder, estos son los hechos y números del sistema electoral que garantiza nuestra democracia, representativa, efectiva y participativa.
¿Qué ha cambiado?, México es un país que sigue gobernado por minorías, hoy detenta el poder quien se autoproclamó en 2006 como presidente legítimo de México. El presente ensayo cuestiona la legitimidad de la Institución presidencial, ya que nuestro sistema democrático garantiza que detentará el poder aquel que obtenga el mayor número de sufragios efectivos, lo cual permite que el gobierno ejerza el poder con un 34% de aceptación, sin embargo, resulta alarmante el 66% que opina lo contrario.
El Estado de Derecho y el peso de la Instituciones se cuestiona al momento de cómo se ejerce el poder, el cual debe servir al pueblo y no servirse de él (Weber, 1975), mismo que se obtiene de forma viciada amparada por el sistema, el cual corrompe al propio sistema (Luhmann, 2012).
Nuestra Constitución establece las reglas por las cuales se divide y ejerce el poder, mismo que descansa en nuestra soberanía a través del principio de representatividad, el cual se confiere a nuestro poder legislativo conformado por ciudadanos del orden común (Sieyès, 2008 pp. 94-101), los cuales, ordenan al Ejecutivo cumplir con un mandato, sin olvidar que el Titular del Ejecutivo, no sólo es mandatario del pueblo sino representante popular.
Su legitimidad no sólo se construye desde la fortaleza de nuestra suprema institución constitucional sino también desde la credibilidad que construye con el cumplimiento de los fines del Estado, como son el bienestar común dentro de un Estado de Derecho en el que existen pesos y contrapesos al ejercicio del poder que dimana del pueblo.
Es pronto aun para cuestionar el ejercicio efectivo del poder ejecutivo, la oferta política materializada mediante el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra en proceso, el titular del Ejecutivo Federal debe recorrer un largo camino que va de la legitimidad constitucional a la legitimidad popular, la cual, como sus antecesores, será sobre acciones y logros de sus objetivos político-sociales, alejado del populismo, centrándose en nuestra máxima institución, el Estado de Derecho.
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